Por La Tercera
$300 millones deberá pagar el Fisco a los familiares de una de las víctimas del tsunami que inundó las costas de Juan Fernández tras el terremoto de 8,8 que azotó el país el 27 de febrero de 2010.

De acuerdo al fallo, la Corte Suprema rechazó, sin costas, el recurso de casación interpuesto por el Estado contra la sentencia de 2017.

En la demanda, presentada por los padres y hermanos de María Angélica Pérez Germain, desaparecida y declarada presuntamente muerta tras el tsunami, relata los hechos acontecidos por esa familia.

Ahí se cuenta que María Angélica se encontraba de vacaciones en la Isla Robinson Crusoe, junto a su pareja, hospedándose en una cabaña ubicada en sector “El Palillo”, a 35 metros del borde costero.

Según el relato de su pareja, a eso de las 04.30 del 27F, sin haber sentido el sismo, “la cama comenzó a moverse, puso los pies en la tierra y sintió agua hasta los tobillos, procediendo a despertar a María Angélica. Luego, el agua ingresó masivamente a la cabaña y la arrastró. Él logró flotar aún dentro de la estructura, encontrando un recoveco para salir y subir al techo. Luego la cabaña se hundió y él fue impactado por una nueva ola que lo arrojó a la costa, sin saber qué ocurrió con su pareja”.

Ahí también se sostiene que no se recibió alerta desde el continente, “siendo ella especialmente relevante pues en aquella parte del territorio insular el terremoto fue percibido solo por algunos habitantes, como un leve movimiento”.

Con ello acusan negligencias del Shoa, porque “desatendió sus obligaciones esenciales y no cumplió con el funcionamiento esperado” y de la Onemi debido a que “no actuó y, cuando lo hizo, fue en forma defectuosa o tardía”.

De acuerdo al fallo, el Fisco deberá pagar $ 100 millones a cada padre y $ 50 millones a los hermanos.

Este año, en enero, en un caso similar, el máximo tribunal determinó que el Estado deberá pagar $ 345 millones a familiares de seis víctimas fallecidas en un camping en Curanipe tras el tsunami del 27 de febrero de 2010.

Los familiares estuvieron representados por Luis Quintana, socio de Parraguez & Marín, y Jorge del Río, socio de López Escobar Del Río.