La ley nº 19.496 establece la posibilidad de cobrar multas a los proveedores que la infringen. La pregunta es la siguiente ¿qué sucede si se trata de una acción de carácter colectivo o difuso con cientos, miles, o cientos de miles de consumidores afectados, se cobra una multa por cada uno o una sola por el ilícito cometido respecto de todos ellos?

En una sentencia de 7 de marzo de 2018 (rol 79.123) la Corte Suprema ha estimado, en el considerando vigésimo primero de la Sentencia, que se cobra una sola multa. Su razonamiento es el siguiente:

“Que el artículo 24 de la ya citada ley establece que “las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”. Para su determinación el legislador ha dispuesto que “el tribunal tendrá especialmente en cuenta la cuantía de lo disputado, los parámetros objetivos que definan el deber de profesionalidad del proveedor, el grado de asimetría de información existente entre el infractor y la víctima, el beneficio obtenido con motivo de la infracción, la gravedad del daño causado, el riesgo a que quedó expuesta la víctima o la comunidad y la situación económica del infractor”.

Así, el legislador le otorga al juez una potestad sancionadora, que no es más que una manifestación del ius puniendi estatal y que debe aplicarse entonces bajo los principios que la inspiran. Por ende, si se considera que -como sucede en este caso- cada infracción dice relación con un mismo e idéntico bien jurídico protegido, en la medida que la Ley N° 19.496 no excluye la posibilidad de acumular los hechos denunciados, no hay razón alguna para no hacer efectiva la facultad de imponer una pena única a la totalidad de las infracciones.”

– Íñigo de la Maza.